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"Aproposito de Mitos y Creencias"
RED ADICO
Existen agentes económicos que junto con sus esfuerzos por lograr legítimas aspiraciones, hacen un valioso aporte a la comunidad, al satisfacer sus demandas de bienes y servicios, y al recaudar, gratuitamente, la mayor cantidad de los recursos que recibe el Estado por concepto tributario, como son los resultantes del IVA y otros impuestos indirectos. Luego, sostener que tales personas cumplen una tarea de servicio público y bien común, no es sino constatar una realidad. La misma que nos da cuenta de presupuestos fiscales financiados en gran parte por ellas, y con los cuales se ejecutan programas de tanta relevancia social como los de vivienda, salud, educación, etc.
Entre esos agentes destacan los dedicados a nuestra industria, la que en los últimos 10 años aumentó la recaudación fiscal por impuestos específicos a los combustibles en 196%. Esto implica un incremento promedio de 19,6% anual, guarismo difícil de comparar con las utilidades de las inversiones más rentables de igual período. Esto significa que el año pasado nuestra actividad obtuvo para el fisco 1.600 millones de dólares, lo que, según el Servicio de Impuestos Internos, representa casi 820 mil millones de pesos, suma superior en cerca de 300% a los 276.300 millones de 1995.
En tal contexto, es fácil para el observador desprevenido y el público en general, suponer que nuestra industria constituye, a nuestro nivel, un negocio millonario y que, por ende, también lo somos quienes estamos al frente de una estación de servicio. Una deducción que nada tiene que ver con la realidad que nos afecta y que mantiene a la mayoría de nuestros asociados, y en particular a los más pequeños, en una permanente lucha por sobrevivir a la amenaza de la quiebra, a la asfixia de un empobrecimiento tan progresivo como el de su endeudamiento y a horizontes pobres de expectativas.
Este escenario es consecuencia precisamente de la escasa retribución al esfuerzo que desplegamos por servir al país recaudando las cuantiosas sumas antes aludida, lo que constituye uno de los factores -y quizás el principal- que nos impide obtener una rentabilidad equitativa por nuestro trabajo e inversiones, y nos pone en precaria situación a la hora de enfrentar costos. A lo que debemos agregar otros fijos y en permanente aumento, como los de indumentaria para nuestros trabajadores, comisiones por las ventas a través de tarjetas de crédito, redes telefónicas, infraestructura computacional, mantenimientos varios, sistemas contables y de seguridad, o consumo de electricidad, insumo que con su fuerte tendencia al alza pone en complejo pie a la actividad económica general del país. Y a estos costos, que son sólo ejemplos de los que solventamos cotidianamente, debemos adicionar las pérdidas y gastos que nos ocasionan los frecuentes delitos de que somos víctimas, los cuales, por su habitual violencia, generan elevados egresos por concepto de salud física y mental de quienes los sufren directamente. Y como si ello no bastare, estamos también obligados a pagar las multas de uno a 100 sueldos mínimos con las cuales se nos castiga.
Tan oscuro panorama no existiría si se reconociera la significativa contribución que hacemos al desarrollo del país y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, en particular de los más desposeídos, y se nos dieran posibilidades de obtener márgenes de comercialización que si bien no demandamos ni por asomo parecidos a los tan abultados de la industria de los impuestos o de diversas empresas estatales y otras que trabajan con el sector público, fueren a lo menos concordantes con nuestro esfuerzo y aporte social. Este predicamento de mínima equidad, nos permitiría desarrollar una industria indispensable para el progreso del país y disminuiría los altos márgenes de concentración que hoy se observan en nuestra economía, donde el tres por ciento de las empresas genera el 80 por ciento de las ventas internas. Un hecho preocupante, que invita a reflexionar acerca de que la riqueza de unos pocos pareciera ser la miseria de muchos.
Entre esos agentes destacan los dedicados a nuestra industria, la que en los últimos 10 años aumentó la recaudación fiscal por impuestos específicos a los combustibles en 196%. Esto implica un incremento promedio de 19,6% anual, guarismo difícil de comparar con las utilidades de las inversiones más rentables de igual período. Esto significa que el año pasado nuestra actividad obtuvo para el fisco 1.600 millones de dólares, lo que, según el Servicio de Impuestos Internos, representa casi 820 mil millones de pesos, suma superior en cerca de 300% a los 276.300 millones de 1995.
En tal contexto, es fácil para el observador desprevenido y el público en general, suponer que nuestra industria constituye, a nuestro nivel, un negocio millonario y que, por ende, también lo somos quienes estamos al frente de una estación de servicio. Una deducción que nada tiene que ver con la realidad que nos afecta y que mantiene a la mayoría de nuestros asociados, y en particular a los más pequeños, en una permanente lucha por sobrevivir a la amenaza de la quiebra, a la asfixia de un empobrecimiento tan progresivo como el de su endeudamiento y a horizontes pobres de expectativas.
Este escenario es consecuencia precisamente de la escasa retribución al esfuerzo que desplegamos por servir al país recaudando las cuantiosas sumas antes aludida, lo que constituye uno de los factores -y quizás el principal- que nos impide obtener una rentabilidad equitativa por nuestro trabajo e inversiones, y nos pone en precaria situación a la hora de enfrentar costos. A lo que debemos agregar otros fijos y en permanente aumento, como los de indumentaria para nuestros trabajadores, comisiones por las ventas a través de tarjetas de crédito, redes telefónicas, infraestructura computacional, mantenimientos varios, sistemas contables y de seguridad, o consumo de electricidad, insumo que con su fuerte tendencia al alza pone en complejo pie a la actividad económica general del país. Y a estos costos, que son sólo ejemplos de los que solventamos cotidianamente, debemos adicionar las pérdidas y gastos que nos ocasionan los frecuentes delitos de que somos víctimas, los cuales, por su habitual violencia, generan elevados egresos por concepto de salud física y mental de quienes los sufren directamente. Y como si ello no bastare, estamos también obligados a pagar las multas de uno a 100 sueldos mínimos con las cuales se nos castiga.
Tan oscuro panorama no existiría si se reconociera la significativa contribución que hacemos al desarrollo del país y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, en particular de los más desposeídos, y se nos dieran posibilidades de obtener márgenes de comercialización que si bien no demandamos ni por asomo parecidos a los tan abultados de la industria de los impuestos o de diversas empresas estatales y otras que trabajan con el sector público, fueren a lo menos concordantes con nuestro esfuerzo y aporte social. Este predicamento de mínima equidad, nos permitiría desarrollar una industria indispensable para el progreso del país y disminuiría los altos márgenes de concentración que hoy se observan en nuestra economía, donde el tres por ciento de las empresas genera el 80 por ciento de las ventas internas. Un hecho preocupante, que invita a reflexionar acerca de que la riqueza de unos pocos pareciera ser la miseria de muchos.
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