Acusando una estrecha relación entre el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el director ejecutivo de Procultura, Alberto Larraín, el Ministerio Público logró acceder al registro de las cuentas del líder regional.
La petición, a la que tuvo acceso BBCL Investiga, detalla una serie de deficiencias del programa de prevención del suicidio “Quédate” —llevado a cabo por ProCultura con financiamiento del Gore Metropolitano— que hacían sospechosa la relación entre Larraín y Orrego, sobre todo considerando que el gobernador fue uno de los principales promotores de la iniciativa.
En específico, el documento —presentado por el fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Ricardo Soto— acusa que “Quédate” no contaba con los mecanismos de control debidos para su correcta ejecución.
Así, menciona que la iniciativa tenía un laxo cronograma con plazo de 24 meses para cada una de las etapas del proyecto, la falta de especificidad en los gastos a realizar y el deficiente registro de desembolsos, simplemente mediante planillas Excel. Por si fuera poco, tampoco se establecieron instrumentos para medir el impacto de “Quédate”.
A pesar de estas deficiencias, Orrego promovió la iniciativa, con un costo proyectado de $1.683 millones.
Los padrinos políticos de Larraín
Según la presentación, fue ProCultura la fundación elegida para concretar el proyecto con el “pretexto de que su director ejecutivo, es decir, Alberto Larraín, era psiquiatra, y que por lo tanto contaba con el conocimiento médico-técnico para ello, y que su fundación poseía la capacidad económica para presentar las garantías requeridas por el Gore Metropolitano”.
El fiscal también cuestionó que, tres meses antes del convenio, el Consejo Regional aprobara el nombramiento de Alberto Larraín como uno de los directores de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gobierno Regional. Para ese cargo, había sido propuesto por el mismo Orrego.
Se trata de un nexo que para el fiscal Soto refleja la cercanía entre la cúpula de ProCultura con el Gobierno Regional Metropolitano. Esto también consta, por ejemplo, en la declaración que entregó la directora de Estudios de la fundación, María Teresa Abusleme.
En su testimonio, entregado en noviembre de 2024, contó que ella se conoció con Larraín en 2011, cuando ella trabajaba en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Fue él, quien más tarde la llevaría en comisión al Ministerio de Salud durante el segundo periodo de Michelle Bachelet, cuando el psiquiatra fungía como asesor del entonces subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows DC.
Abusleme lo graficó así:
—Alberto [Larraín] señalaba que sus padrinos en la DC eran Claudio Orrego y Jaime Burrows.
Los $6 millones de Larraín
En su petición, el fiscal Soto señaló también la designación de Gabriel Prado Acuña, psicólogo que formaba parte de Procultura, para que trabajara al interior del Gore, en la División de Desarrollo Social y Humano. Quien hizo la petición fue el propio Orrego, apunta la investigación de la fiscalía.
—Otra de las condiciones que nos colocó el GORE, [es] que uno de nuestros funcionarios de Procultura, tenía que pasar a trabajar en el Gobierno Regional en otros proyectos, sin relación con “Quédate” —atestiguó Abusleme.
La socióloga continuó:
—Ante la insistencia de Claudio Orrego para contratar a una persona, que fuese pagado por ProCultura y que posteriormente entrara a trabajar al GORE, específicamente a la DIDESO, es que se contrata a Gabriel Prado Acuña, recomendado por mí, ya que es mi pareja. (…) Nosotros realizamos las modificaciones presupuestarias conforme a lo solicitado por Claudio Orrego a Alberto Larraín.
Según cuenta la hoy exdirectora de Estudios de la fundación, cuando el caso estalló en junio de 2023 a raíz de un convenio con Antofagasta, el Gore decidió tomar medidas:
—Ese hecho hace que el Gobierno Regional diga “no viene más Gabriel Prado”, y se borran los registros de su trabajo en el Gore. El correo utilizado por Gabriel no estaba bajo su nombre, sino que tenía un nombre de proyecto. Y respecto a su pregunta, desconozco quien dio la instrucción de borrar los respaldos del Gore.
La empleada de ProCultura además contó que había premura por parte de Orrego para concretar el convenio. Aseguró que todo tuvo su origen en una conversación más bien informal, al poco tiempo de haber resultado electo.
—Alberto Larraín me indica que se encontró con Orrego en un aeropuerto y le dice que armen un programa de salud mental. En razón a eso, Alberto al día siguiente me envía un WhatsApp para que yo tome contacto con Evelyn [funcionaria del Gore], con la finalidad de armar el proyecto de salud mental que habían conversado supuestamente en el aeropuerto (…) Es importante señalar que fue Claudio Orrego quien nos indica que tiene un presupuesto de $1.600 millones para diseñar este proyecto, ya que se bajó otro proyecto que había con ese monto. Este dinero tenía como condición incorporar a todas las fundaciones que trabajan en la prevención y en la posvención del suicidio.
Padre de Alberto Larraín: “Tuve que financiar a mi hijo”
Hay más. El fiscal además detalló avances de la investigación que mostraban el actuar cuestionable de ProCultura. Así, expuso que Larraín recibía $6 millones mensuales brutos, de los cuales —a partir de abril de 2023— $1,5 millones correspondían a fondos traspasados por el Gore Metropolitano.
Sin embargo, antecedentes contenidos en el expediente judicial apuntan a que Larraín no sólo percibía dineros por concepto de remuneraciones de ProCultura. También viajó a Rapa Nui con sus hijos; su pareja, Sebastián Balbontín; y su asesora de hogar, con cargo a la fundación.
El padre de Larraín, que lleva su mismo nombre, así lo confirmó en la declaración que prestó ante la fiscalía.
—Al darme cuenta de que Procultura estaba enfrentando problemas, tuve que financiar a mi hijo, ya que no estaba recibiendo su sueldo de la fundación. Alberto era empleado de ProCultura teniendo un sueldo por tal situación. Asumí todo el costo económico de la vida de Alberto. En una oportunidad, Alberto me comentó que, en función de su cargo había generado gastos pagados por ProCultura que estaban contemplados en su contrato, pero que él tenía la intención de devolver —lanzó Larraín padre.
El progenitor del director ejecutivo de ProCultura comentó que entendía a su hijo: “Somos soñadores, que creemos en aportarle a la comunidad”.
—Estos gastos —prosiguió— correspondían principalmente a viajes en los que llevó a sus hijos y a la señora que lo ayuda en las labores del hogar, de nombre Magaly, cuyos apellidos desconozco. Estos viajes incluyeron múltiples visitas a Isla de Pascua y Copiapó (…) Por esta razón, le solicité a Alberto que ProCultura valorizara estos gastos, los cuales ascendieron a aproximadamente $14.200.000. Para cubrir dicho monto, giré un cheque a favor de ProCultura, con cargo a mi cuenta corriente.
Transferencias millonarias y dinero a fondos mutuos
Una de las grandes interrogantes del caso ProCultura ha sido a dónde fueron a parar los dineros de los cuantiosos convenios alcanzados por la fundación.
En su solicitud, el fiscal Soto detalla multimillonarios movimientos a cuentas personales entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023: “Destacan el fundador y presidente de la misma, Alberto Andrés Larraín Salas, quien recibió más de $77 millones, y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la fundación y quien suscribe los convenios, la que recibió más de $33 millones”.
De acuerdo a testimonios de altos ejecutivos de ProCultura, al interior de la fundación —antes de que el caso explotara— ya existían serios problemas contables.
María Eugenia Sabbagh Vidal fue miembro del directorio de la institución entre 2018 y 2023. Atestiguó ante la fiscalía el 21 de noviembre de 2024 en calidad de imputada. En su alocución, la abogada relató que a principios de 2022, Larraín le hizo saber que tenía la intención de hacer una auditoría “para prevenir cualquier cuestionamiento futuro”. La razón era simple: él había trabajado con el entonces presidente electo, Gabriel Boric, e Irina Karamanos, entonces pareja del jefe de Estado, había trabajado para ProCultura.
Abusleme también abordó las relaciones de poder de Larraín.
—Una vez electo Gabriel Boric, Alberto alardeaba de que iba a ser ministro, pero siempre y cuando le ofrecieran el Ministerio de Desarrollo Social o la Subdere. Ahí nos sondea a varios de nosotros si nos iríamos a trabajar con él a los ministerios. Es importante señalar que Alberto dijo que doña Izkia Siches, vetó la elección de este mismo para hacerse cargo de la Subdere.
En esa línea, acotó que cuando ella ingresó a la fundación, Alberto comentaba que “las reuniones del Frente Amplio se realizaban en su casa ubicada en calle Bremen”, en Ñuñoa.
—Yo tengo entendido que Diego Ibáñez era muy amigo de Alberto, alojando incluso en su casa.
—¿Sabe usted de la relación de Alberto Larraín con Giorgio Jackson? —inquirió el fiscal Soto a Abusleme.
—Larraín señala que era muy cercano a Jackson, y en algún momento estando en Isla de Pascua, Alberto llama a Jackson, para que este haga algo con un hogar de menores que existe en la isla. Alberto señaló que Giorgio le iba a financiar un proyecto para poder mejorar las condiciones del hogar. Quiero agregar que, respecto a su pregunta, no poseo ningún antecedente al robo relacionado al Ministerio de Desarrollo Social.
Tal como había adelantado la Unidad de Investigación de BioBioChile el viernes pasado, Giorgio Jackson fue incluido en la lista de sujetos de interés por el fiscal Carlos Palma, cuando el persecutor regional de Aysén llevaba la indagatoria. Por este motivo, solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) informar las salidas y entradas al país del fundador de Revolución Democrática desde enero de 2024. La medida fue levantada a inicios de este año por el fiscal Patricio Cooper, de Coquimbo.
Desorden financiero
La oficina contratada para la auditoría de ProCultura fue Aninat Abogados, estudio donde la propia Sabbagh se desempeñaba.
Uno de los hallazgos de esa auditoría fue que la fundación no disponía de fondos suficientes “a libre disposición para realizar pagos generales como, por ejemplo, el pago a funcionarios previa la adjudicación de proyectos”.
—Al no existir dichos fondos y con un desorden financiero en las cuentas de la fundación donde los dineros se mezclaban en las cuentas, se ocuparon dichos fondos para el pago de otros gastos generales los cuales no estaban contemplados en la adjudicación de los proyectos, como por ejemplo el pago a profesionales que realizaban algún tipo de estudio previo a la realización del proyecto. En este mismo sentido, de desorden financiero, se ocupaban dineros de un proyecto para la realización de otro, existiendo un fondo común, no existiendo la división de los dineros por cada proyecto.
Salvador Núñez Pérez, trabajador de la fundación, coincide:
—A mi juicio, financieramente siempre fue complejo poder mantener los sueldos de los trabajadores de la fundación, por lo que habitualmente escuché de forma interna hablar a Alberto e Ilonka [Csillag, cofundadora de ProCultura] de que se estaban “bicicleteando los gastos”, esto quiere decir, por lo que yo entiendo, que se destinaban recursos para los fines que no fueron adquiridos para así cubrir las necesidades de la fundación.
Contratación de Karamanos
No sólo eso. En su escrito para el levantamiento del secreto bancario de Claudio Orrego, el persecutor Ricardo Soto también acusó que el dinero del acuerdo de “Quédate” fue puesto en un fondo mutuo de Banco Santander, “el mismo día, 09 de noviembre de 2022, que el Gobierno Regional Metropolitano realizó la transferencia por $1.683.788.000”.
Esto contravendría el mismo convenio suscrito, puesto que establecía que la entidad debía emplear los “recursos exclusivamente para la ejecución del programa”.
“Además de aquello, es importante indicar que, hoy, la suma de $1.683.788.000 transferidos en el marco del convenio, Fundación Procultura, mantiene pendiente por rendir un monto de $1.010.379.291. Lo anterior es especialmente grave teniendo en consideración que la cuenta de Fundación Procultura hoy no mantiene fondos, ignorándose el paradero de esta cuantiosa suma de dinero”, recalca la presentación.
Quien conoció de cerca los movimientos financieros de la institución fue José Villarroel Miranda. Desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2021, sirvió como contador freelance del organismo.
—A su juicio, ¿cree que hubo algún tipo de irregularidad o algo que le causase ruido en la fundación? —le consultó el fiscal Soto.
—No sé si fue irregular, pero me llamó la atención que entre los años 2020, 2021 y 2022, haya aumentado considerablemente el saldo en las cuentas corrientes, si mal no recuerdo, cercano a los $1.000.000.000. De hecho, la fundación invertía grandes sumas de dinero en depósitos a plazo, lo que no vi en los años 2011 al 2019 en dichas proporciones. A lo anterior debo agregar el crecimiento exponencial de empleados, de contar con uno en el año 2011 a contar con más de 150 en el año 2022.
A Villarroel también le llamó la atención la contratación de la expareja del presidente Boric. Según contó, supo de esta porque mientras cerraba el año comercial 2021 se encontró con su nombre.
—Me percaté en la página web del Servicio de Impuestos Internos, del cliente Fundación ProCultura (yo tenía clave de acceso), que en los meses de septiembre a diciembre del año 2021 existían diversas boletas de honorarios extendidas por Irina Karamanos, llamándome la atención dicho nombre ya que lo asocié de inmediato a la entonces pareja del presidente de la República señor Gabriel Boric, pensando que esto podía traerme repercusiones en el futuro debido a que podría tratarse de ayudas políticas y yo no necesitaba estar involucrado en problemas.
Abren las cuentas de Orrego
Considerando estos argumentos, el ente persecutor solicitó el levantamiento del secreto bancario de Orrego, arguyendo que era indispensable “para determinar si es que hubo o no flujo de dineros entre la Fundación ProCultura, dirigida por Alberto Larraín, y Claudio Orrego”.
El periodo por el que solicitó dicha información fue entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024, pues se debía “obtener y analizar información para saber qué ocurrió antes y después de la transferencia de recursos, incluyendo por cierto la génesis de la aprobación del convenio”.
Así, el 25 de febrero de este año, en una resolución confidencial, el magistrado Mario Cayul, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el alzamiento del secreto bancario de Orrego, “respecto de todos los productos que mantiene en el Banco de Crédito e Inversiones, Banco Bice, y Banco Estado”.
Consultados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, desde el Gore Metropolitano enviaron una respuesta del gobernador. Entre otros puntos, señala que no existen antecedentes de “que Alberto Larraín haya recibido remuneración del proyecto”.
El argumento utilizado por la Fiscalía para pedir el levantamiento de mi secreto bancario parte de una premisa errónea sobre su financiamiento, ya que señalaron que el proyecto Quédate no habría pasado por una licitación y habría sido asignado de manera directa. Sin embargo, este proyecto fue aprobado y financiado a través de la glosa 5.1, que permitía que instituciones privadas sin fines de lucro pudiesen presentar iniciativas. El proyecto tuvo el mismo procedimiento de aprobación de garantías y de duración que los otros 77 proyectos, que financiamos de la misma manera con universidades, fundaciones y corporaciones
Aclarado el punto anterior, quiero agregar que estoy de acuerdo con que se levantara mi secreto bancario, porque es parte de las diligencias que se hacen en el marco de una investigación, a la cual hemos cooperado con información desde el comienzo. Además, esto demuestra que vivo sólo de mi sueldo y no hay ningún peso de origen ilegítimo en mi cuenta. Segundo, he sido partidario de que se libere el secreto bancario para perseguir actividades ilícitas. Y tercero, soy querellante en esta causa y vamos a seguir colaborando con el fiscal Patricio Cooper para que se haga justicia.
El Programa de prevención del suicidio Quédate fue co-construido por 6 fundaciones con experiencia en la materia (Míranos, Círculo Polar, Todo Mejora, Fundación para la Confianza, Katty Summer y Pro Cultura), discutido y aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud y el pleno de 34 CORES, la DIPRES y tomado de razón por la Contraloría General de la República. El proyecto alcanzó un 40% de ejecución, antes de que decidiéramos poner término al convenio por graves incumplimientos por parte de la Fundación Procultura. Luego de eso, interpusimos una demanda civil y una querella criminal.
Como institución, estamos orgullosos del proyecto Quédate, que sigue implementándose y salvando vidas, a través de la Universidad de Chile, el Servicio de Salud Oriente y otras 3 fundaciones.
Es importante aclarar que en las rendiciones realizadas por la fundación no existe ningún antecedente de que Alberto Larraín haya recibido remuneración del proyecto.
Respecto de las presuntas deficiencias en el control de gastos. Estas no tienen que ver con el proyecto, sino que se trata de una auditoría de la Contraloría General de la República sobre los procesos, pero no hubo nada respecto al Quédate en particular.
Fuente: biobiochile.cl
