De nuestra consideración:
Junto con saludarle muy cordialmente, nos dirigimos a usted en representación de la Asociación Gremial de Distribuidores de Combustibles al por Menor (ADICO), en atención a la atenta invitación extendida por su repartición el pasado martes 28 de julio del presente año. Agradecemos sinceramente esta instancia de diálogo respecto a la entrada en vigencia y reglamentación de la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada.
Al respecto, consideramos indispensable exponer formalmente la realidad operativa, fiscalizadora y financiera que enfrentan nuestros representados, con el propósito de que sea ponderada de manera objetiva al momento de definir las exigencias que afectarán a los concesionarios y distribuidores minoristas de combustible.
1. Estructura de costos y margen de subsistencia del sector: Los distribuidores minoristas constituimos el último eslabón de la cadena de venta de combustibles. Operamos bajo márgenes de utilidad estructuralmente acotados y fijos por litro, lo que nos impide absorber nuevos costos de operación. Imponer la obligación de contratar guardias de seguridad privada —tanto para el resguardo de las islas de venta como para las tiendas de conveniencia asociadas— resulta inviable financieramente para la mayoría de las PYMES del sector, poniendo en serio riesgo la subsistencia y continuidad operativa de los establecimientos.
2. Acumulación de mermas, imprevistos y costos operativos: La rentabilidad de las estaciones de servicio se encuentra fuertemente mermada por una serie de factores críticos que impactan directamente el flujo del negocio:
Delincuencia e incivilidades cotidianas: Pérdidas continuas por clientes que se dan a la fuga sin pagar el combustible (comúnmente denominados “perros muertos”), asaltos recurrentes a tiendas de conveniencia y hurto hormiga de mercadería.
Errores operativos y deshonestidad: Costos asumidos por los concesionarios debido a cargas erróneas de combustible por parte de los atendedores (conocidas internamente como “poncheras”), así como faltantes y deshonestidad en la recepción del dinero.
Pasivos laborales y fiscalización: Elevados costos por provisión de años de servicio del personal de atención y una constante exposición a sanciones económicas y multas de diversos organismos estatales de control.
3. Alta carga regulatoria, administrativa y fiscalizadora: Actualmente, las estaciones de servicio están sujetas a una intensiva supervisión por parte de múltiples entidades públicas. Destacan entre ellas las municipalidades para la obtención de patentes (cuyo trámite hoy puede demorar un año o más), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), las Mutuales de Seguridad, la plataforma Bencina en Línea y las unidades especializadas OS10 y OS7 de Carabineros de Chile. A esto se suman los estrictos estándares operativos, auditorías periódicas y normativas corporativas exigidas por las compañías distribuidoras mayoristas o mandantes (Copec, Shell, Aramco, entre otras). Toda esta sobrecarga de trámites y costos —asumida con márgenes regulados por las distribuidoras mayoristas— vuelve el negocio poco rentable, provocando una alta rotación de las empresas operadoras.
Entendemos y compartimos la preocupación por la seguridad pública, pero consideramos que esta no debe traducirse en la transferencia directa de costos estatales hacia un sector PYME que ya opera al límite de su capacidad financiera. Además, muchas de las exigencias actuales han demostrado ser ineficientes en la práctica; por ejemplo, la obligación de enviar al OS10 carpetas con medidas de seguridad que terminan archivadas en comisarías sin prevenir robos ni asaltos. En la realidad operativa, ante un evento delictivo, los concesionarios recurrimos primero a la seguridad municipal, dado que Carabineros de Chile suele verse superado en su capacidad de respuesta rápida.
Solicitud a la autoridad: Por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente a la autoridad evaluar la flexibilización de las exigencias proyectadas y revisar la simplificación o reducción de las cargas regulatorias que hoy gravan a la distribución al por menor. Esto permitirá asegurar la viabilidad económica de nuestros asociados mientras colaboramos activamente en medidas de prevención que sean razonables, proporcionales y eficientes.
Reiterando nuestra absoluta disposición a participar en mesas de trabajo técnicas para abordar este desafío, se despide atentamente,
Rodrigo Longueira Montes
Gerente General
ADICO
Fernando Rodríguez Ramírez
Presidente del Directorio
ADICO
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